El Parlamento aprobó un proyecto de esquema flexible de pagos para firmas morosas, apuntando especialmente a los emprendimientos de hasta 19 empleados.
La norma, que incluye períodos de gracia y elimina la cuota mínima, permitirá por primera vez financiar aportes de personal dependiente y se pondrá en marcha a partir de setiembre.
La norma, que incluye períodos de gracia y elimina la cuota mínima, permitirá por primera vez financiar aportes de personal dependiente y se pondrá en marcha a partir de setiembre.
El gobierno reglamentará en los próximos meses un nuevo régimen especial de facilidades de pago para que unas 37.000 empresas con deudas ante el Banco de Previsión Social (BPS) puedan regularizar su situación, tras la aprobación de la iniciativa en el Parlamento.
La medida busca promover la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, impulsar la recuperación del empleo y facilitar el saneamiento de adeudos acumulados durante los últimos años, especialmente entre firmas que mantienen dificultades financieras.
La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que actualmente existen unas 340.000 empresas activas registradas en el organismo, de las cuales alrededor de 37.000 mantienen deudas. De ese total, unas 4.200 continúan desarrollando actividad.
Según detalló Pardo, la nueva normativa incorpora herramientas que buscan hacer más accesible la regularización de las obligaciones tributarias para las empresas de menor porte.
Entre las principales novedades figura la eliminación de una cuota mínima para suscribir convenios de pago, la posibilidad de refinanciar deudas generadas desde 1996 hasta la entrada en vigencia de la ley y la incorporación de períodos de gracia para aquellas pequeñas empresas que requieran un alivio temporal antes de comenzar a pagar.
El BPS dispondrá de un plazo de 90 días para implementar el nuevo régimen. De acuerdo con las previsiones del organismo, el sistema estará operativo a partir de setiembre y será acompañado por una campaña de información dirigida específicamente a las empresas que podrán acceder a los beneficios.
Pardo destacó que la morosidad del BPS continúa en niveles históricamente bajos, en torno al 2,5% del total de aportes, aunque sostuvo que la legislación vigente presenta limitaciones para atender determinadas situaciones.
En ese sentido, explicó que actualmente los aportes correspondientes a trabajadores dependientes no pueden financiarse mediante convenios y que las tasas de interés previstas por el régimen actual resultan elevadas, lo que dificulta la regularización de empresas que arrastran deudas desde hace varios años.
La jerarca señaló que el nuevo instrumento permitirá atender esos casos específicos mediante condiciones más flexibles, ofreciendo una alternativa para empresas cuya carga financiera terminó comprometiendo su funcionamiento.
La ley establece distintos plazos de financiación según la naturaleza de la deuda. Los convenios podrán extenderse hasta 36 meses o hasta 72 meses, es decir, tres o seis años, dependiendo del tipo de obligación incluida.
El objetivo es que las empresas puedan distribuir los pagos en un horizonte más amplio, reduciendo el impacto sobre su flujo de caja y permitiendo priorizar la continuidad de la actividad productiva mientras regularizan su situación con el organismo previsional.
Además de favorecer la continuidad de las empresas activas, el gobierno aspira a que las firmas inactivas saneen sus adeudos, evitando inconvenientes futuros para sus titulares al momento de iniciar trámites jubilatorios y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de seguridad social.
