Los legisladores nacionales del peronismo Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay impulsaron una demanda judicial contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, al advertir un presunto incumplimiento del estatuto del río Uruguay y posibles daños ambientales irreparables.
La acción fue presentada como una demanda ordinaria de prevención de daños y perjuicios bajo el expediente 3276/2026, el cual apunta a frenar o, al menos, mitigar los efectos que podría generar el proyecto industrial en el ecosistema del río Uruguay.
Los legisladores de la oposición provincial fundamentaron su iniciativa en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en el artículo 319, al sostener que existe un riesgo
Michel cuestionó con dureza la respuesta del gobierno de Entre Ríos frente al avance del emprendimiento.
“Con la planta de combustibles sintético, el gobernador Rogelio Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo”, afirmó, al tiempo que defendió la vía judicial como herramienta para “impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”.
Según remarcó, tanto el Estado uruguayo como la empresa deberán dar explicaciones ante la justicia argentina, en el marco de una demanda civil.
Uno de los puntos centrales del planteo radica en la supuesta omisión por parte de Uruguay de presentar los estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un paso obligatorio según el estatuto del río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Botnia-UPM de 2010.
De acuerdo con los demandantes, el país vecino habría avanzado de forma unilateral otorgando permisos y validando documentación sin someter el proyecto al mecanismo bilateral de control.
“Uruguay avanza por fuera de la CARU, donde está obligado a presentar toda la documentación para que Argentina pueda evaluar el impacto en resguardo del ambiente y la sanidad del río”, señalaron los legisladores en una declaración conjunta.
En ese sentido, insistieron en que corresponde exigir la presentación de los estudios, frenar el avance de las obras hasta su evaluación y, eventualmente, recurrir nuevamente a la Corte de La Haya por incumplimiento.
La preocupación también se extiende a nivel local. Según indicaron, comunidades como la de Colón y otras ciudades entrerrianas de la zona de la ribera vienen manifestando inquietud por las posibles consecuencias ambientales de la planta, en particular ante la falta de información oficial sobre el grado de contaminación que podría generar.
Como parte de la demanda, los legisladores solicitaron además la producción de prueba pericial ambiental, proponiendo la intervención de organismos técnicos especializados o de un perito biólogo designado de oficio, así como información detallada sobre la empresa HIF Uruguay SA y las características del proyecto en cuestión.
